La nueva Directiva Europea 2012/27/UE (relativa a la eficiencia energética) apremia a la UE hacia los objetivos de eficiencia cara al 2020 (asegurar el 20% de ahorro). En virtud de la misma se obliga a los estados miembros a renovar un mínimo de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas.
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